Eres propietario de suelo en Cartagena?
Entérate de lo que está pasando!

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¿POR QUÉ NACE LA PLATAFORMA AFEPLAN?

La triple anulación del plan general de Cartagena por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia provoca una situación de inseguridad jurídica para todos los propietarios de suelo y agentes del mercado inmobiliario en Cartagena. Si el Tribunal Supremo confirma la anulación – como parece más que probable -, volverá a entrar en vigor el plan general de 1987, descomponiendo el escenario urbanístico diseñado por el plan actual, de 2012.

Muchos propietarios y empresarios inmobiliarios perderán derechos concedidos por el plan 2012, y tendrán que ser indemnizados por el Ayuntamiento. Otros propietarios habrán pagado un IBI elevado, al haberse clasificado su suelo de urbanizable por el plan 2012, lo que provoca que se haya incluido en la sección de urbana del catastro (lo que coloquialmente se conoce como “pagar como urbano”), con el considerable aumento de la cuota tributaria.

Otros propietarios verán como su suelo, comprado a un alto precio por el carácter urbanizable que le atribuía el plan desde el avance de 2005 o desde la aprobación inicial de 2008, pasa a ser de nuevo suelo no urbanizable, y experimenta una drástica reducción de valor. Aquéllos propietarios que, además, han iniciado el costoso proceso de urbanización de su suelo al amparo del nuevo plan, tendrán que pararlo tras la anulación, y el Ayuntamiento, igualmente, se verá en la obligación de indemnizarles.

La cantidad de situaciones de afectación a los derechos de propietarios e inversores es ilimitadamente variada, y requiere de un estudio particular de cada situación. En todo caso, entre indemnizaciones y devoluciones hablamos de un perjuicio muy elevado a los cartageneros, que tienen que ser atendidos por la Administración Local.

La Plataforma de Afectados por el Plan (AFEPLAN) tiene la aspiración legítima de evitar que se enfoque la solución de este problema global mediante negociaciones puntales con propietarios concretos de grandes extensiones o con grandes empresas, en perjuicio del legítimo derecho de indemnización de todos y cada uno de los cartageneros afectados. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulan el planeamiento denuncian la falta de seguridad jurídica en el diseño del plan. Si no hubo seguridad jurídica en la elaboración del plan, es comprensible que pueda no haberla en la forma de afrontar la solución del problema por el propio plan generado. La Plataforma se crea para que la fuerza de la unión de los afectados impida que la inseguridad jurídica de los cartageneros se perpetúe. Debe haber justicia para todos, y todos tienen el derecho a que se les defienda, a que se aborde la solución de su problema, y a estar enterados de cada uno de los pasos que la corporación municipal da en este sentido.

En definitiva, la solución del problema no puede hacerse como se hizo el plan.